Congreso mexicano aprueba peligrosa ley de Geolocalización


El pasado viernes 2 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó con 315 votos a favor, 6 en contra y 7 abstenciones una reforma al Código de Procedimientos penales, al Código Penal y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, con la cual otorga a la Procuraduría General de la República de solicitar a las compañías de telecomunicaciones la localización geográfica en tiempo real de sospechosos de delitos. Estas modificaciones son muy preocupantes y muy posiblemente inconstitucionales.

Esta reforma busca: “Establecer nuevas herramientas que obsequien al Estado mexicano la posibilidad de investigar con mayor eficiencia delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro, extorsión o amenazas. (…) busca inhibir, además el robo de celulares y su uso para fines delictivos”. Lo anterior suena muy bien a primer vista, sin embargo, el abuso potencial de estas modificaciones parece ser inevitable, las razones son varias.

En primer lugar la PGR puede hacer cualquier número de solicitudes a los proveedores de telecomunicaciones sin orden judicial previa a través de “simple oficio o medios electrónicos”; en segundo lugar, como suele suceder con frecuencia, no se deja con suficiente detalle las circunstancias en que se puede adoptar esta medida, únicamente señalando que será usada “Tratándose de investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas”.

En tercer lugar no hay mención alguna sobre mecanismos de vigilancia que prevengan el abuso de estas solicitudes, además se hace énfasis en que las solicitudes deben “mantenerse en sigilo”, lo cual tiende a entorpecer las solicitudes de información por parte de los ciudadanos. Tampoco existe en la reforma si quiera la sugerencia de la creación de un mecanismo de supervisión independiente que vigile en contra de su aplicación arbitraria.

Finalmente, la reforma también atenta contra la privacidad de los ciudadanos. La privacidad puede ser acotada por los Estados, sin embargo, dar una carta blanca como esta reforma pone en riesgo real la información personal de las personas. Datos tan detallados como la geolocalización, necesita mayores medidas de protección, mucho más ahora que los teléfonos móviles cuentan con la tecnología para transmitir la ubicación exacta de su portador. Sin los mecanismos de supervisión y sanciones necesarias, esta información no sólo podría ser mal usada por las autoridades, sino también por las mismas organizaciones criminales que se busca combatir. No es sorpresa descubrir complicidad entre ambos actores.

Es entendible el origen de esta reforma, que es el combate al crimen organizado –una de sus promotoras es Isabel Miranda–, sin embargo medidas arbitrarías como esta reforma no son y nunca serán la mejor solución.

Para saber más y con mayor detalle, recomiendo leer esta entrada de blog Human Rights Geek.
Dictamen completo.
Resultado de la votación.